Decretos Completos

 

RÍO GALLEGOS, 05 de septiembre de 2026.-

V I S T O :

El EX-2026-00129108-SANTACRUZ-DCAHFMEFI, iniciado por la Secretaría de Estado de Hacienda y Finanzas y elevado por el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura; y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 66° de la Ley N° 3755 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Provincial establece que: “Se entenderá por Crédito Público la capacidad que tiene el Estado Provincial de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento con el compromiso de reintegrar en el futuro, cualquiera fuere su forma de instrumentación jurídica, de reconvertir pasivos, incluyendo intereses y demás costos asociados; de otorgar avales, fianzas y cualquier otro tipo de garantías y para atender situaciones de necesidad y urgencia u otros acontecimientos que hagan indispensable la acción inmediata del Poder Ejecutivo Provincial….”;

Que, asimismo, el Artículo 67° de la Ley N° 3755 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Provincial establece: “El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público en virtud de las cuales el Estado Provincial resulte deudor se denominará deuda pública a los fines de la presente y puede originarse en: a la emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, constitutivos de un empréstito...”;

Que, para administrar de manera eficiente el financiamiento del déficit acumulado y/o consolidado de la Administración Pública, el Artículo 1° de la Ley N° 3695 (modificatoria de la Ley Nº 3479) autoriza: “...al Poder Ejecutivo Provincial a gestionar operaciones de crédito público con o a través del Gobierno Nacional, Entes del Sector Público Nacional, Entidades Financieras u otras entidades locales o extranjeras, mediante la obtención de préstamos, colocación de títulos, descuentos de Certificados de Obras, constitución de Fideicomisos Financieros en los términos del Artículo 1690°, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, o bajo cualquier otra modalidad de financiación, en pesos con destino a la refinanciación, y/o reestructuración de los servicios de la Deuda Pública y/o financiación del déficit acumulado y/o consolidado de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada, Entidades Autárquicas, Empresas del Estado y Municipalidades, financiación de obras de infraestructura y de proyectos presentados por los diversos Organismos Provinciales, Municipales y/o por el sector privado que coadyuven al desarrollo integral de la Provincia, hasta un nivel de endeudamiento tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a Municipios y Comisiones de Fomento en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21° de la Ley Nacional N° 25.917 Régimen de Responsabilidad Fiscal y modificatorias y la que un futuro se establezcan y a las que el Estado Provincial adhiera”;

Que el Artículo 23° de la Ley Nº 3987 autoriza: “al Poder Ejecutivo Provincial a concertar operaciones de crédito público de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 3479, su modificatoria Ley N° 3695 y la Ley N° 3755 y modificatorias, a fin de asegurar el financiamiento de las partidas de gastos y el cumplimiento de los servicios de la deuda contemplados en dicha Ley;

Que el Artículo antes aludido prevé que cuando las operaciones se instrumenten mediante la suscripción de préstamos, dichos valores corresponden al monto total del préstamo, según surja de los acuerdos firmados, por lo que resulta procedente facultar al Poder Ejecutivo a sustituir fuentes financieras y/o disponer la readecuación de los créditos presupuestarios, con el objeto de asegurar el pago de los servicios de la deuda y mantener el equilibrio presupuestario;

Que además señala esa norma que el órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera realizará las operaciones de crédito público y tendrá la facultad de redistribuir o reasignar los medios de financiamiento obtenidos, siempre que así lo permitan las condiciones de la operación respectiva y las normas presupuestarias;

Que los órganos rectores de los sistemas de Crédito Público, Tesorería y Presupuesto han tomado la debida intervención en el marco de sus respectivas competencias, expidiéndose acerca de la situación financiera y presupuestaria que atraviesa la Provincia;

Que actualmente existe un contexto favorable en el mercado de capitales del país para la captación de ese financiamiento mediante la estructuración y/o colocación de uno o más títulos públicos provinciales, emitidos en forma separada o unificados bajo un programa común con una o diversas series;